El pasado 21 de mayo se publicó en el BOE la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición ecológica. Norma muy esperada que servirá de guía hacia una sociedad más sostenible y descarbonizada.

El Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible marcaron el inicio de una agenda global hacia el desarrollo sostenible. La aplicación de estos acuerdos conlleva la refundación de un nuevo modelo económico y de un nuevo contrato social dentro de los límites del planeta. Esta Ley coge el testigo y avanza con determinación por este sendero.

En nuestro país tiene especial incidencia el sector del transporte por carretera, que supone el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo una de las principales barreras para su descarbonización el desarrollo insuficiente de las infraestructuras de recarga eléctrica.

Como consecuencia, y con el fin de garantizar la existencia de infraestructuras de recarga eléctrica suficiente, la ley introduce obligaciones de instalación de infraestructuras en las estaciones de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y gasóleo superen los 5 millones de litros, alcanzando el 10 % de la red.

Los objetivos y acciones principales que promueve esta ley son:

· Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del conjunto de la economía española en el año 2030 deberán reducirse al menos un 23 % respecto al año 1990 y se deberá alcanzar la neutralidad climática como mucho en el año 2050.

· El uso de energías de origen renovable en el consumo de energía final, será como mínimo del 42 % en el año 2030.

· La generación de energía eléctrica estará basada al menos en un 74 % en energías de origen renovable en el año 2030.

· Mejora en la eficiencia energética en un 39,5 %. Haciendo especial hincapié en la edificación. Se establecerá obligaciones de instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes, así como se promoverá el autoconsumo a partir de fuentes renovables.

· No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos, minerales radiactivos o carbón, a menos que estén especialmente justificados por el interés general.

· Fomento de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles alternativos.

· El parque de turismos y vehículos comerciales ligeros estará libre de emisiones directas de CO2 en 2050.

· A partir de 2023 habrá al menos un 10 % de las EESS (actualmente unas 11.400) con infraestructura para recarga eléctrica de vehículos.

· Los puertos competencia del Estado tendrá 0 emisiones de CO2 en 2050.

· Se fomentará la capacidad de absorción de los sumideros de carbono.

· El Sector Público tendrá en cuenta a la hora de contrataciones de obra, criterios de sostenibilidad y respeto por el medioambiente a la hora de adjudicaciones.

Por último, se aborda que la transición sea justa y equitativa, involucrando a toda la sociedad.

En la actualidad, la sociedad española está muy concienciada de recorrer este camino hacia una sociedad descarbonizada, que tenga en cuenta la convivencia con nuestro entorno y que podamos dejar a nuestros descendientes un planeta sostenible y digno de vivir en él. Hagámoslo posible.